Tenemos una tendencia natural a la queja improductiva o la protesta acomodada, esto es, básicamente a indignarnos sin hacer nada por cambiar las cosas o, lo que es lo mismo, a reprochar lo que nos ocurre sin buscar caminos de solución.

Esto en términos de sociedad civil y ciudadanía y en un contexto como la Administración de Justicia nos lleva a lamentarnos de la lentitud de los juzgados, la incompetencia percibida de sus profesionales, la ineficacia de sus procesos, la insatisfacción de sus resultados, sus costes… Un sinfín de lamentos que, cuando se trata de acercarnos o requerir la aplicación de este poder público, nos convierte en comunidad de plañideras resignadas o en “corderos” sin discernimiento… Eso sí, nuestra valentía y vehemencia se magnifican y crecen exponencialmente en el bar de enfrente del Juzgado, o en la tertulia de la familia y los amigos…

Y en el contexto técnico profesional, es decir, entre abogados y profesionales de la justicia, la mentalidad tampoco cambia mucho, incluso se endurece la tendencia con justificaciones que alcanzan no ya al “mal necesario” del proceso y su idiosincrasia, sino del propio ejercicio profesional como víctima inevitable y al mismo tiempo único activo garante de que las cosas no sean peores. A más abundamiento, tampoco falta quien está plenamente mimetizado e integrado en estos ritmos con absoluta naturalidad, sin cuestionamientos, ni rebeldías… porque “las cosas son así”. Y claro asistimos desde esas actitudes al desfile de tiempos y plazos eternos, de sentencias que nada dicen y poco resuelven, y que en absoluto son proporcionales o acaso mínimamente congruentes con los esfuerzos, argumentos o planteamientos expuestos en el proceso; con causas que se dilatan hasta convertirse en consecuencias, y una generalidad de funcionarios con funciones sobre todo de “pasapapeles” y reducido sentido de la responsabilidad y del servicio, cercenado, por los medios, los tiempos y el propio sistema. De modo que nuestro propio ejercicio acaba siendo parte del problema en lugar de camino de solución, por su desarrollo lineal, preconcebido, carente de innovación y de sentido empático y cercano a la necesidad…

Frente a esta madeja de realidad, comodidad, resignación, inercia y/o tradición surgen alternativas, que emergen y afloran como las rocas que aparecen al bajar la marea. Los MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, y en particular, LA MEDIACIÓN, siempre han estado ahí y siempre debieron ser un soporte firme y una opción utilizada, una prestación responsable en el crisol de soluciones que inspira nuestra profesión de letrados y nuestro compromiso con el cliente. Sí, siempre estuvieron y siguen estando: artíulo 13.9 e) del Código Deontológico de la Abogacía Española o la norma 3.7.1 del Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, con sendos mandatos o recomendaciones de poner en conocimiento las posibilidades o conveniencia de acuerdos, transacciones o alternativas al litigio, intentando una resolución adecuada en función de la relación coste-efectividad, y la vía de los métodos alternativos de resolución de conflictos…

Y no se trata de “hacer” Mediación sino de “ser” mediadores, y esto requiere de un equipaje inevitable de sensibilidad, formación, responsabilidad, compromiso y convicción. Es mucho más que “algo que podemos hacer”, u ofrecer… es parte de lo que debemos “ser”. Y en el otro lado la percepción de esta alternativa debe construirse desde la credibilidad, la confianza, la formalidad… Y para ello el elemento “bisagra” y adalid de lo que ha de ser, es el componente institucional, el aparato donde se sostiene, impulsa y acredita de forma pública, notoria y accesible esa credibilidad, esa cualificación y esa sensibilidad, que debe ser palpable y reconocible para el usuario.

Estamos en un ámbito donde la confianza, donde creer en el qué, en el quién y en el cómo lo es todo; y en un momento donde el liderazgo institucional es la plataforma donde se harán visibles y encontrarán espacio para crecer los liderazgos profesionales dotados de esas herramientas.

La Ley 5/2012 para la Mediación Civil y Mercantil abre la puerta, y somos los profesionales y los ciudadanos los que debemos entrar y recorrer el camino. La otra opción, es seguir gritando desde la entrada y cuestionarnos las desventajas como excusa para no atrevernos a probar las ventajas.

Son tiempos para las personas, y sólo desde personas comprometidas con su profesión y responsables en su ejercicio encontraremos respuestas adecuadas a las nuevas realidades. La sociedad cambia, las empresas cambian, las tecnologías, la gestión, los medios, las normas… Los conflictos cambian… ¿y las formas de afrontarlos y resolverlos?…