En el escenario de la financiación, el flujo y la organización económico financiera de un despacho de abogados, nos encontramos con un nuevo elemento peculiar y diferenciador, específico de la idiosincrasia de la profesión, convertida en un sujeto marginal, casi inadaptado tanto para el colectivo empresarial, como para las profesiones liberales. Esto es, el letrado no está comúnmente catalogado como empresario, y como profesional liberal es objeto de matices y connotaciones singulares, a la vez que se erige en el “liberal” con mayor reglamentación y regulación recurrente.

Aunque tal vez huelgue la aclaración, nos estamos refiriendo en todo caso al despacho colectivo mediano o pequeño, al despacho unipersonal con ciertas aspiraciones, dejando al margen la “gran superficie”. Y se trata de realizar una ponderación comparativa y somera de las fuentes de financiación y de los recursos al alcance de los letrados para dotar económicamente sus despachos, para propiciar su crecimiento o expansión.  Pero para ello conviene partir de una reflexión previa acerca de la consideración de la abogacía como actividad cuasi empresarial, con capacidad para generar empleo, para producir riqueza, con potencial para formar parte importante del sistema productivo en sentido amplio, sólo desde esta mentalidad y calificación cabe un replanteamiento equitativo de la situación.

Precisamente esa situación nos presenta un panorama en el que la abogacía tiene limitada, cuando no excluida su condición de beneficiaria de determinado tipo de subvenciones, sin que sea fácil explicar o comprender los motivos, que quizás tengan que ver mucho más con prejuicios y connotaciones históricas y sociales, que con un verdadero conocimiento de la actualidad de la profesión. En este sentido, y en este contexto, no es arriesgado afirmar que al no reforzar la abogacía en su etapa de máxima profesionalización, se puede estar cercenando un estimable baluarte económico y de utilidad social.

No descubrimos ningún secreto al poner de relieve que la abogacía está en el punto de mira de las exclusiones de las ayudas y beneficios públicos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Así mientras los sectores agroindustriales, la investigación, la docencia… cuentan con líneas específicas de ayudas a su inversión inmobiliaria, a la innovación, incentivos a su expansión geográfica internacional… El colectivo de letrados deambula en el limbo de ser “mal mirado” por el respaldo público, y al mismo tiempo marginado en cuanto a su componente de actividad empresarial. Y ello podría ser coherente con una concepción incardinada en el “absolutismo liberal”, pero la realidad normativa nos traslada a una actualidad letrada profusamente reglada, en la que se articulan todos los aspectos sustanciales de la misma, desde su acceso, pasando por las formas y formalidades de su ejercicio, incluso llegando a imponer las condiciones y modelos de contratación y un extenso íter normativo jalonado y salpicado de todo tipo de límites y condiciones.

No obstante, no sería riguroso todo lo expuesto si se optara por no destacar que efectivamente el letrado en cualquier expresión y dimensión organizativa puede optar a las subvenciones que tienen que ver con la innovación tecnológica, impulsada a nivel nacional y regional,  y con los incentivos para la contratación que se articulan y desarrollan en algunas comunidades autónomas con especial intensidad. Son estas dos herramientas de financiación a considerar a la hora de planificar económicamente la actividad. Igualmente reseñables son los préstamos subvencionados y/o de bajo interés auspiciados por la Administración o por organismos como el ICO, que vienen a posibilitar el acceso a financiación con interés cubierto por la ayuda pública. También debo mencionar los préstamos tecnológicos promovidos por el Ministerio competente y gestionados por entidades bancarias colaboradoras que son a interés cero y que permiten renovar todos los equipos tecnológicos, adquirir software, incluso con cierta habilidad pueden ser útiles para la compra o renovación de bases de datos jurídicas. Y por último en este bloque es de resaltar la ayuda regional que se articula en algunas comunidades para la elaboración o modificación de la imagen corporativa, que abarca desde el logotipo hasta el diseño de la página web… Definitivamente en el mapa de recursos financieros procedente del erario público estos son los componentes de mayor importancia y mejor accesibilidad, no estando exentos de cierta revisión y de aplicaciones retóricas tendentes a escapar de las exclusiones que en muchos casos, de forma velada, apuntan a nuestra profesión.

Y en un esfuerzo relativamente imaginativo también la ley de sociedades profesionales, otro ejemplo de que somos tenidos en cuenta casi exclusivamente para limitar nuestro ámbito de expresión profesional, concede un margen a las inyecciones de capital procedente de socios no profesionales que se integran en el proyecto a efectos de procurar capacidad económica. Y desde esta propuesta es posible desencadenar alguna medida innovadora como la de procurarnos socios protectores que “apadrinen” y a la vez se beneficien de determinados servicios o prestaciones concretas.

Sin embargo, si algo late en lo expuesto es la permanente sensación de un ejercicio profesional muy próximo en su ejecución más completa y con más futuro a la actividad empresarial, que resulta excluido, limitado o condicionado… en todo aquello que se produce y articula para potenciar esa misma dinámica empresarial y productiva, desperdiciándose con ello un foco de rentabilidad y de generación de riqueza directa e indirecta, y afectando con ello a un sector productivo como el de servicios que presenta una estructura general mucho más estable que otros estamentos de la realidad económica nacional mucho más mimados por los fondos públicos.

Y de nuevo se desencadena coherentemente una interpelación al colegio o más arriba, al Consejo General de la Abogacía, para que interceda y se movilice para incrementar la presencia y la consideración del colectivo en la formulación de las ayudas tendentes a impulsar las actividades productivas, eliminando o negociando alternativas respecto de aquellas de las que somos discriminadamente apartados o excluidos. Se echa en falta ese peso representativo, esa influencia político – social traducida a componentes tangibles y necesarios para que la profesión no se convierta en un compartimento estanco avocado a una espiral o círculo vicioso. El incentivo y la ayuda también es una forma eficaz de reglar mucho más apropiada para el contexto connatural de una profesión pretendidamente liberal.